“México no logró consolidar una política pública sobre empresas y derechos humanos”, 9 de abril de 2024.
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- Organizaciones de la Sociedad Civil miran con decepción que, a pesar del trabajo realizado durante 2023 en el que participaron varios sectores, no se consolidara una política integral que proteja los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.
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- Se solicita a la Secretaría de Gobernación retomar aprendizajes y valorar un proceso con la siguiente administración y las comunidades afectadas.
En octubre de 2023, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) manifestó la intención de publicar una Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos, ante el reconocimiento de una problemática estructural en México, con la finalidad de consolidar un documento base hacia una Política Nacional e instaló el Comité Técnico multiactor para el diseño de ésta. A pesar del trabajo realizado hasta el día de hoy, no se ha materializado su publicación.
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 establece la Estrategia Prioritaria para “Impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta”, incluyendo la del Estado, con 10 líneas de acción que abordan cómo identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por dicha actividad y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor, además de “Promover y proteger los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o afectados en el contexto de las actividades empresariales”, entre otras.
Sin embargo, a pesar de ser pasos muy importantes para el país, el proceso tanto de implementación de la Estrategia, como de desarrollo de dicha Política Nacional careció de la participación efectiva de comunidades y otros titulares de derechos afectados por la actividad empresarial. El desarrollo de la Política fue un proceso poco organizado y transparente, apresurado y cuestionado por actores empresariales y sociales.
Por lo anterior, solicitamos al gobierno entrante que se retome como prioridad la atención a la agenda de Empresas y Derechos Humanos que aborde las causas estructurales de los abusos y violaciones de la actividad empresarial en México.
La Secretaría de Gobernación deberá retomar las enseñanzas de ese proceso, aplicarlas y comenzar los trabajos al inicio de la siguiente administración para tener un tiempo suficiente para la implementación de la Política y, de esta forma, no quede como un papel más de buenas intenciones.
Este deberá contar con estrategias que especifiquen y aclaren las obligaciones de respetar los derechos humanos por parte las autoridades a todos los niveles y de las propias empresas, así como de los inversionistas institucionales, en toda actividad pública, del Estado, privada y mixta, nacional y transnacional y con una perspectiva de género, intercultural e interseccional. También, contar con la participación del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Instamos a que para ello, prioritariamente construya espacios incluyentes con participación efectiva de las personas titulares de derechos y comunidades afectadas desde el inicio de cualquier proceso relacionado, el cual deberá ser libre de conflicto de interés por parte de la Administración Pública Federal y sus personas físicas y morales consultoras, asesoras y proveedoras.
Desde el Grupo Focal, seguiremos atentas a los próximos meses de transición y nos mantendremos abiertas para colaborar para el avance de esta agenda en México, siempre vigilantes del respeto y protección de los derechos humanos de las comunidades y personas titulares de derechos afectadas o posiblemente afectadas por la actividad empresarial.
Sin las comunidades y las víctimas en el centro no se avanzará.
Artículo original en: www.business-humanrights.org
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